La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de forma unánime una ley de amnistía promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que se espera conduzca a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos durante crisis que abarcan desde 1999 hasta 2025. La norma fue firmada de inmediato en el palacio de Miraflores con el objetivo de facilitar la reconciliación nacional tras años de confrontación política.

La ley concede amnistía por delitos vinculados a protestas, crisis políticas y hechos de violencia política, y desde su entrada en vigor ya comenzaron a liberarse algunos opositores, incluidos dirigentes afines a la líder opositora María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa, quien anunció que quedó en “libertad plena” tras casi nueve meses de detención.

Sin embargo, expertos y grupos de derechos humanos han advertido que la ley contiene exclusiones significativas: no aplica a personas procesadas o condenadas por promover o participar en acciones armadas contra el Estado, ni a quienes enfrentan cargos por delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidio, narcotráfico o corrupción. Estas limitaciones generan críticas de sectores opositores y organizaciones que consideran que el alcance de la amnistía es insuficiente y deja a muchos perseguidos políticos fuera de su protección.

Organizaciones civiles como Foro Penal estiman que, pese a las liberaciones realizadas desde principios de año, aún permanecen más de 600 personas detenidas por razones políticas, y señalan que la norma aún no garantiza la liberación de todos los presos de conciencia ni la posibilidad de que los exiliados regresen sin riesgo de detención.

Mientras tanto, familiares de detenidos y activistas han seguido expresando indignación por el ritmo de excarcelaciones y las condiciones impuestas por la ley, que exigen, por ejemplo, la comparecencia ante tribunales para acceder al beneficio, lo que podría limitar su eficacia para quienes están en el exterior.

El debate sobre la amnistía en Venezuela refleja la complejidad del proceso político tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero y coloca nuevamente sobre la mesa discusiones sobre justicia, reconciliación y derechos humanos en el país.