Un equipo multidisciplinario, liderado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, ha concluido que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría incurrido en violaciones significativas de los topes legales de gastos y financiación durante las elecciones presidenciales de 2022. La investigación reveló que la campaña habría superado los límites en más de 5.300 millones de pesos y habría recibido aportes de fuentes prohibidas, como personas jurídicas, en ambas vueltas de las elecciones.

La primera vuelta electoral habría visto siete violaciones a la normativa de financiación de campañas. Entre ellas, la omisión de un aporte de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Aunque la campaña de Petro niega haber recibido este aporte, la investigación encontró documentos que sugieren lo contrario.

Otra irregularidad destacada es la omisión en el informe final de gastos de un aporte de 500 millones de pesos del Partido Polo Democrático Alternativo. Este monto, inicialmente registrado como un préstamo, desapareció posteriormente de los libros contables. Además, la firma Ingenial Media, vinculada a la campaña, no reportó pagos por 931 millones de pesos a testigos electorales.

Otras presuntas irregularidades incluyen una factura por 356 millones de pesos de Caracol Televisión reportada tardíamente, y la omisión de 202 millones de pesos destinados a la operación de testigos electorales. También se omitieron más de 1.200 millones de pesos en gastos por vuelos privados y 121 millones de pesos en aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), lo cual está expresamente prohibido por la ley.

En la segunda vuelta, las irregularidades señaladas por los investigadores suman más de 1.600 millones de pesos. Entre ellas, se destaca la omisión de 100 millones de pesos en la contabilidad del alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria. Además, se habría omitido un pago de 177 millones de pesos a testigos electorales gestionado por Ingenial Media.

Otra omisión relevante es la de más de 960 millones de pesos en vuelos privados, así como la no inclusión de un aporte de Colombia Humana por más de 530 millones de pesos. También se habría omitido un aporte adicional de 379 millones de pesos del sindicato USO, utilizado para el pago de testigos electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la potestad de investigar estas irregularidades en el ámbito administrativo, lo que podría derivar en sanciones como multas o la devolución de dineros públicos. Aunque el presidente Gustavo Petro solo puede ser investigado penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el CNE insiste en su capacidad para investigar administrativamente, tal como lo hizo con los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos en casos anteriores.

La resolución que estudia el CNE, y que se espera sea decidida la próxima semana, podría implicar cargos administrativos contra el presidente Gustavo Petro, el gerente de campaña Ricardo Roa, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. El abogado defensor del presidente, Héctor Carvajal, y el abogado de Ricardo Roa, Gustavo Quintero Navas, también están bajo escrutinio.

Con información de wradio