La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Empresa de Servicios Públicos Urrá S.A E.S.P. El motivo: presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos colombianos.

La investigación se centra en la gestión de negocios por parte de la Hidroeléctrica de Urrá con 10 empresas comercializadoras de energía. Según la Procuraduría, estos contratos podrían haberse realizado sin un criterio técnico de asignación adecuado.

Los principales puntos bajo escrutinio son:

1. Transacciones que aparentemente permitían obtener altos márgenes de ganancia no asociados con la extensión normal de los precios de venta.
2. Posibles condiciones simuladas de negociación para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

El Ministerio Público ha revelado detalles sobre las empresas involucradas:

– Dos de las compañías estarían radicadas en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca.
– Se investigarán los posibles vínculos de al menos tres de estas empresas con funcionarios del Alto gobierno.
– Se indagará sobre la supuesta intervención de un congresista que habría ejercido presiones ante la gerencia de comercialización de Urrá.

La actuación disciplinaria iniciada por la Procuraduría busca:

1. Identificar a los posibles responsables de las irregularidades.
2. Determinar la ocurrencia exacta de las conductas bajo sospecha.
3. Establecer si estas acciones constituyen faltas disciplinarias.
4. Definir si los implicados actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Esta investigación se enmarca en las funciones de control y vigilancia de la Procuraduría sobre la administración pública, buscando garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.