Los colombianos deberán prepararse para un incremento significativo en sus facturas de gas natural en los próximos años. Según un reciente estudio del Centro de Estudios Regionales en Energía (CREE), se prevé un aumento de al menos un 28% en el costo de este servicio esencial para hogares e industrias.

Tomás González, director del CREE, explicó la situación durante un foro sobre política energética: “El panorama no es que no haya gas, lo que no hay es gas barato. El gas barato es el que se está acabando y el gas más caro es el que viene, con el que vamos a tener que convivir y ver cómo manejamos este tema”.

La causa principal de este incremento es la disminución de las reservas nacionales de gas, lo que obligará a Colombia a importar este recurso a partir del próximo año. Aunque el gobierno tiene esperanzas en los descubrimientos de Ecopetrol en el mar Caribe, como Gorgon y Uchuva, estas opciones superarán los 10 dólares por unidad, encareciendo significativamente el suministro.

Además del aumento en el costo del gas, se requerirán inversiones sustanciales en infraestructura. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha señalado la necesidad de construir “como mínimo una nueva planta de regasificación de gas en el Pacífico”. Estas inversiones, que superan los 2.000 millones de dólares, serán trasladadas a las facturas de los usuarios.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que la situación política en Venezuela complica la posibilidad de importar gas desde ese país, lo que obligará a Colombia a recurrir a “los precios del Golfo de México”, es decir, a un gas más costoso.

Por su parte, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, admitió que el país “seguramente pagará más por el gas importado que por el gas nacional”. Sin embargo, aseguró que están trabajando para mitigar el incremento y fomentar el ahorro en el consumo.

Es importante destacar que actualmente el Gobierno subsidia parte de las tarifas del gas natural para los estratos 1, 2 y 3. No obstante, con este panorama de aumento de precios, se plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de estos subsidios a largo plazo.