El gobierno del presidente Gustavo Petro está avanzando en un convenio con al menos 800 Iglesias registradas en el país. Este acuerdo les otorgaría la capacidad de contratar libremente con el Estado en áreas clave como la educación, la pedagogía y la asistencia social a poblaciones vulnerables, todo ello a pesar de que estas instituciones religiosas están exentas de pagar impuestos.

Según informes de El Espectador, esta iniciativa surge en un momento de tensiones políticas y cambios legislativos, ya que el Gobierno busca un respaldo estratégico en el Congreso, particularmente entre los siete congresistas del Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres, cuyas agendas tienen un enfoque religioso prominente.

Marco Jesús Suárez, director encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos, explicó que el objetivo principal es flexibilizar los requisitos para que nuevas organizaciones religiosas puedan unirse al proceso. Se espera que entre 800 y 1.000 Iglesias, de las 11.000 existentes en el país, se sumen al convenio, reduciendo el requisito de antigüedad de 20 a 10 años desde su constitución para poder celebrar contratos con el Estado.

Esta no es la primera vez que el Gobierno colombiano ha establecido este tipo de alianzas. En junio de 2023, ocho Iglesias católicas y cristianas firmaron un convenio similar, generando reacciones encontradas. Mientras algunos legisladores expresaron su indignación, argumentando que el Gobierno estaba cediendo demasiado terreno a las instituciones religiosas, el Ministerio del Interior defendió la medida como un respaldo a la libertad de culto.

La cercanía entre el Ejecutivo y las Iglesias plantea una paradoja, dado que algunas de las posturas de estas entidades entran en conflicto con las del Gobierno, como es el caso de la postura respecto al aborto.

A pesar de las críticas y la controversia, el Ministerio del Interior ha continuado otorgando facultades a las organizaciones religiosas, permitiéndoles ampliar su influencia en áreas como la educación y la asistencia social. Ejemplos recientes incluyen contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades gubernamentales, lo que ha generado debates sobre el uso de recursos públicos para apoyar a instituciones exentas de impuestos.